| Actualizado 19 Abril 2013 - 02:30 h.
manuel amorín, guillermo solloso, ramón yáñez y jesús varela, ayer en sargadelos jorge meis
La plataforma ciudadana Rumbo 21, que en 2009 promovió la iniciativa legislativa popular que dio lugar a la Lei 4/2010 do Sector Naval, salió ayer de nuevo a la palestra con la intención de proponer un debate sobre la situación de los astilleros públicos de la ría y concitar un amplio consenso en la búsqueda de soluciones. La entidad presentó un documento en el que expone su análisis y plantea cuatro demandas fundamentales para el sector: la construcción del dique flotante, el levantamiento del veto, la separación de Ferrol-Fene del resto del grupo Navantia y el cumplimiento, por parte de la Xunta, del texto legislativo que aprobó en 2010 sobre el naval.
El documento fue presentado por la mañana a los medios de comunicación por Ramón Yáñez, Jesús Varela, Manuel Amorín y Guillermo Solloso, y por la tarde se convocó una reunión en el Ateneo para exponerlo a sindicatos, partidos políticos y diversos colectivos de la comarca. En el mismo Rumbo 21 ofrece datos de población y empleo que muestran con crudeza la situación económica de la comarca ferrolana y el impacto de la crisis del naval. Así, en Ferrol hay 40 parados por cada cien trabajadores en activo. El segundo peor dato, en este ranking, es el de Vigo, con 28, otra ciudad muy dependiente de los astilleros. “Isto pon de relieve que Ferrol está condeada a perder poboación se non se impulsan os estaleiros”, explicó Ramón Yáñez.
A continuación Rumbo 21 expuso las cifras de resultados del grupo Navantia y de sus diferentes centros de producción. Así, la compañía acumuló pérdidas por valor de 322 millones de euros entre 2008 y 2011, si bien no son imputables a la ría de Ferrol, donde en dicho período se registraron unas ganancias de 67 millones de euros. Frente a estas cifras, Cádiz perdió 311 millones y Cartagena, 12. Estos datos están detrás de una de las demandas de Rumbo 21, la de separar los astilleros de Ferrol y Fene del resto del grupo, “aínda sen deixar de ser empresa pública –señala el documento– ou alomenos unha reestruturación organizativa da compañía que dote ao centro da ría de Ferrol dunha dirección operativa con capacidade plena, que permita identificar novas oportunidades de negocio e coñecer custos e resultados das distintas áreas e centros, co obxectivo de optimizar a política de investimentos, analizar as desviacións de resultados e custos e proceder, nos prazos máis curtos de tempo, á súa corrección”.
Yáñez puntualizó que Rumbo 21 no reclama el cierre de ningún centro, pero incidió en que, además de contratar, la compañía tiene que gestionar y adoptar medidas correctoras allí donde hay malos resultados. “Se Navantia fora só Ferrol-Fene podería facer o dique porque tería recursos propios”, señaló, para observar a continuación que el problema para acometer dicha infraestructura es que Navantia ha de acudir al mercado a buscar recursos. “E a financiación para as empresas españolas é dun 12%, cando a rendibilidade do sector naval non se sitúa máis alá dun 4 ou un 5%”, explicó el profesor de Economía de la Empresa en la Politécnica Superior.
Yáñez defendió que, para competir en condiciones de igualdad con otros astilleros europeos, los españoles han de poder acceder a créditos con intereses similares y contar, también, con un tax lease equivalente. El coste, para la industria nacional, es un 10% por encima del de sus competidores holandeses, por ejemplo. “Estamos fóra do mercado”, concluyó Yáñez.
Rumbo 21 considera que el Gobierno español ha de negociar en Bruselas la posibilidad de cubrir el diferencial que lastra a su sector naval sin que ello sea considerado una ayuda ilegal y expone en su documento para el debate diferentes artículos de los tratados de la Unión Europea que, según subrayó Jesús Varela, apoyan la viabilidad de esta iniciativa.
El levantamiento del veto vuelve a ser uno de los argumentos centrales de Rumbo 21, que también defiende la participación de la iniciativa privada en la gestión del astillero de Fene –un punto que separa a esta plataforma del planteamiento de la mayoría sindical–. Guillermo Solloso la calificó en el acto de ayer como “indispensable” para recuperar la actividad en la antigua Astano, aunque puntualizó que ello no excluye la presencia de accionariado público.
El documento fue presentado por la mañana a los medios de comunicación por Ramón Yáñez, Jesús Varela, Manuel Amorín y Guillermo Solloso, y por la tarde se convocó una reunión en el Ateneo para exponerlo a sindicatos, partidos políticos y diversos colectivos de la comarca. En el mismo Rumbo 21 ofrece datos de población y empleo que muestran con crudeza la situación económica de la comarca ferrolana y el impacto de la crisis del naval. Así, en Ferrol hay 40 parados por cada cien trabajadores en activo. El segundo peor dato, en este ranking, es el de Vigo, con 28, otra ciudad muy dependiente de los astilleros. “Isto pon de relieve que Ferrol está condeada a perder poboación se non se impulsan os estaleiros”, explicó Ramón Yáñez.
A continuación Rumbo 21 expuso las cifras de resultados del grupo Navantia y de sus diferentes centros de producción. Así, la compañía acumuló pérdidas por valor de 322 millones de euros entre 2008 y 2011, si bien no son imputables a la ría de Ferrol, donde en dicho período se registraron unas ganancias de 67 millones de euros. Frente a estas cifras, Cádiz perdió 311 millones y Cartagena, 12. Estos datos están detrás de una de las demandas de Rumbo 21, la de separar los astilleros de Ferrol y Fene del resto del grupo, “aínda sen deixar de ser empresa pública –señala el documento– ou alomenos unha reestruturación organizativa da compañía que dote ao centro da ría de Ferrol dunha dirección operativa con capacidade plena, que permita identificar novas oportunidades de negocio e coñecer custos e resultados das distintas áreas e centros, co obxectivo de optimizar a política de investimentos, analizar as desviacións de resultados e custos e proceder, nos prazos máis curtos de tempo, á súa corrección”.
Yáñez puntualizó que Rumbo 21 no reclama el cierre de ningún centro, pero incidió en que, además de contratar, la compañía tiene que gestionar y adoptar medidas correctoras allí donde hay malos resultados. “Se Navantia fora só Ferrol-Fene podería facer o dique porque tería recursos propios”, señaló, para observar a continuación que el problema para acometer dicha infraestructura es que Navantia ha de acudir al mercado a buscar recursos. “E a financiación para as empresas españolas é dun 12%, cando a rendibilidade do sector naval non se sitúa máis alá dun 4 ou un 5%”, explicó el profesor de Economía de la Empresa en la Politécnica Superior.
Yáñez defendió que, para competir en condiciones de igualdad con otros astilleros europeos, los españoles han de poder acceder a créditos con intereses similares y contar, también, con un tax lease equivalente. El coste, para la industria nacional, es un 10% por encima del de sus competidores holandeses, por ejemplo. “Estamos fóra do mercado”, concluyó Yáñez.
Rumbo 21 considera que el Gobierno español ha de negociar en Bruselas la posibilidad de cubrir el diferencial que lastra a su sector naval sin que ello sea considerado una ayuda ilegal y expone en su documento para el debate diferentes artículos de los tratados de la Unión Europea que, según subrayó Jesús Varela, apoyan la viabilidad de esta iniciativa.
El levantamiento del veto vuelve a ser uno de los argumentos centrales de Rumbo 21, que también defiende la participación de la iniciativa privada en la gestión del astillero de Fene –un punto que separa a esta plataforma del planteamiento de la mayoría sindical–. Guillermo Solloso la calificó en el acto de ayer como “indispensable” para recuperar la actividad en la antigua Astano, aunque puntualizó que ello no excluye la presencia de accionariado público.
Cuatro parados por cad diez trabajadores por la crisis naval
Rumbo21 pide el fin del veto, el dique y apoyo del sector privado a Fene
En Ferrol, por cada diez personas que trabajan hay cuatro que quisieran hacerlo y no pueden. La media de las siete grandes ciudades gallegas se sitúa en torno al 25%. La elevada tasa de desempleo que padece la ciudad está estrechamente ligada a la crisis del sector naval, según un estudio realizado por la plataforma ciudadana Rumbo21, entre cuyos impulsores se encuentran ingenieros y profesionales que pertenecieron a las antiguas Astano y Bazán. Ferrol es además la ciudad de las más grandes de Galicia con una menor tasa de actividad, con un 52,53% «por mor da incidencia social dos pasados procesos de prexubilacións» y evidencia una «situación industrial en ruína absoluta» y una «gravísima depresión social».
Por ello, los miembros del colectivo proponen una serie de medidas, que en la tarde de ayer presentaron en un acto público en el Ateneo, para reactivar el sector naval, sin el que, según reseñó el profesor e ingeniero Ramón Yáñez, la comarca no tiene futuro. La construcción del dique flotante que se demanda para las factorías de la ría es una de esas apuestas, aunque Yáñez subrayó que el principal problema para ejecutar esa iniciativa es financiero. Explicó que el coste de financiación de la infraestructura es del 12%, mientras que los niveles de rentabilidad previstos son del 4%.
Sin embargo, el colectivo entiende que la Navantia hubiera podido ejecutar por sí misma este proyecto si funcionase de forma independiente del resto de los astilleros del grupo, aún sin dejar de ser público, ya que en los últimos años registró beneficios frente a las pérdidas de los centros de las otras zonas geográficas. Por ello, reclama la separación de la factoría ferrolana o al menos una dirección independiente. También incide en la importancia del levantamiento del veto que pesa sobre Navantia Fene en materia de construcción civil y también que la Xunta «dea pasos ao fronte poñendo en valor a lei de defensa do sector naval de Galicia aprobada por unanimidade no noso Parlamento».
Antigua Astano
Rumbo21 defiende la revitalización de la antigua Astano aunque considera que no se podrá llevar a cabo sin «unha alternativa empresarial na que a iniciativa privada desempeñe un papel fundamental, sen que iso signifique que teña que deixar de ser un complexo industrial con participación de capital público».
Jesús Varela, otro de los miembros de la plataforma, afirmó que la normativa comunitaria contempla supuestos para basar el fin del veto
