El vicepresidente de Competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, decidió en 2011 abrir un expediente por ayudas de Estado en contra del sector naval español a pesar de que su predecesora, la holandesa Neelie Kroes, en 2009 (ver el documento) ya manifestó por escrito a la Ministra de Industria de Noruega, Sylvia Brustad, que el sistema español de tax lease "no era discriminatorio" y que la Comisión no tenía intención de tomar medidas.
El Comisario español fue vulnerable a la presión fundamentalmente del lobby naval holandés que había visto en los últimos años como sus empresas perdían mercado frente a las españolas. La decisión de Almunia supuso la posterior declaración del sistema de financiación naval como ayuda de Estado, lo que ha llevado a que los astilleros españoles privados y su industria auxiliar se encuentren ahora en riesgo de desaparición si decide que hay que devolver la ayudas.
La decisión depende única y exclusivamente de Almunia que cuenta con suficientes argumentos y seguridad jurídica, además de confianza legítima, como para no exigir la devolución. La propia carta de Kroes es un documento de confianza legítima y no es el primero aunque sí el más contundente.
La decisión depende única y exclusivamente de Almunia que cuenta con suficientes argumentos y seguridad jurídica, además de confianza legítima, como para no exigir la devolución. La propia carta de Kroes es un documento de confianza legítima y no es el primero aunque sí el más contundente.