El BNG pide una reunión con Almunia para exigir el fin del veto a Navantia
redacción > ferrol . Los diputados del BNG Fernando Branco y Francisco Jorquera y la Eurodiputada Ana Miranda denunciaron una vez más los devastadores efectos de la crisis económica en la comarca. “Desde que Feijóo goberna na Xunta incrementouse o paro en tres mil persoas máis e só nos dous últimos anos Ferrol perdeu 1.300 habitantes”,
señaló Branco Parga. Además, el nacionalista criticó la supresión de las ayudas a infraestructuras del Plan del Carbón y la limitación de las del Plan Ferrol y anunció que el BNG presentará diferentes iniciativas a desarrollar en el ámbito parlamentario para instar al Gobierno a cumplir los compromisos adquiridos.
Una de esas iniciativas partió del diputado Francisco Jorquera, que el pasado día 10 presentaba una proposición no de ley en el Congreso relativa al impulso de soluciones a los problemas de los astilleros públicos de la ría de Ferrol. Jorquera recordó que al final de la legislatura de Rodríguez Zapatero el Congreso aprobó por unanimidad una moción planteada por los nacionalistas instando al Gobierno a asumir una serie de medidas para lograr carga de trabajo en la ría. Entre ellas –un total de once– se incluía la necesidad de dotar a los astilleros de un dique flotante –a construir en las instalaciones ferrolanas– y la necesidad de renegociar con Bruselas la limitación impuesta por la UE para la construcción de buques en Fene.
“A moción foi apoiada polo PP, que se comprometeu a que se gobernaba en Madrid dotaría a Ferrol dun dique flotante. Este é o momento de que se confirme se está disposto a cumprilo para dotar ós estaleiros da ría de carga de traballo”, aseguró Jorquera. “Se en novembro o tiñan claro e o problema era que o PSOE gobernaba en Madrid, hoxe ese problema non existe”, apostilló Fernando Branco.
La eurodiputada Ana Miranda incidió en que los nacionalistas reclamarán “que non se discrimine ós estaleiros da ría e que reciban un trato semellante a outras industrias navais europeas”. Miranda denunció el veto que actualmente afecta a las instalaciones de Navantia Fene y también la competencia desleal por parte de otras industrias navales. Además, los nacionalistas solicitarán una entrevista con el Comisario de Competencia, Joaquín Almunia para pedir el fin del veto a Navantia y trasladarle la actual situación del naval en la comarca.
La SEPI arrastra una deuda de 3.425 millones por la actividad de Navantia
La SEPI arrastra una deuda a largo plazo de 3.425,1 millones de euros, en su mayor parte correspondiente a los créditos del Ministerio de Industria recibidos por Navantia para construir buques militares. El holding público tiene pendientes, además, otros 1.630,5 millones con acreedores comerciales.
Javier L. Noriega - Madrid - 13/01/2012 - 07:00
Las cuentas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aportan nuevos datos en pleno debate sobre el futuro del sector público empresarial y la necesidad de un plan de racionalización. El holding público, que agrupa a una quincena de empresas y cuenta con participaciones en nueve más, arrastra unas deudas a largo plazo de 3.425,1 millones de euros, según las cuentas del primer semestre de 2011, las últimas disponibles y a las que tuvo acceso CincoDías.
El grueso de esta deuda (3.003 millones) es imputable a Navantia y se corresponde con créditos del Ministerio de Industria recibidos para financiar la construcción de los grandes programas de buques y submarinos militares. Según los últimos datos que maneja Defensa, Industria ha financiado en un 80% de media los seis principales contratos de construcción para la Armada.
Incertidumbre
Navantia todavía debe devolver alrededor del 98% de los anticipos recibidos. El problema es que estos pagos dependen de que Defensa abone al grupo público de astilleros las cantidades acordadas según reciba los buques encargados. Y, dada la situación de asfixia financiera por la que atraviesa el departamento que ahora dirige Pedro Morenés, no está claro cómo ni cuándo Navantia podrá cobrar.
De hecho, resulta significativa la cifra de deudores comerciales que tiene pendientes de cobrar la SEPI que, a 30 de junio del año pasado, ascendían a 1.395,6 millones, en buena parte por los pagos que no ha materializado Defensa.
Por el otro lado, aparte de la deuda a largo plazo, la SEPI tiene pendientes otros 1.630,5 millones de euros que debe a corto plazo a acreedores comerciales.
En los dos últimos ejercicios, el holding ha hecho un esfuerzo por adelgazar su estructura, lo que se ha traducido en la desaparición de casi quince sociedades (algunas liquidadas y disueltas definitivamente, como Astilleros Españoles; otras integradas en sociedades más amplias, como Infoinvest) y en un ajuste de la plantilla media del grupo gracias a las bajas en la minera Hunosa y al recorte de contratos en Tragsa, empresa en la que más de la mitad de la plantilla (15.405 personas a mediados del año pasado) es eventual.
Pese a todo, las pérdidas de explotación que registró el grupo en 2010 fueron de 143 millones de euros. A 30 de junio de 2011 eran de 5,63 millones.
El grueso de esta deuda (3.003 millones) es imputable a Navantia y se corresponde con créditos del Ministerio de Industria recibidos para financiar la construcción de los grandes programas de buques y submarinos militares. Según los últimos datos que maneja Defensa, Industria ha financiado en un 80% de media los seis principales contratos de construcción para la Armada.
Incertidumbre
Navantia todavía debe devolver alrededor del 98% de los anticipos recibidos. El problema es que estos pagos dependen de que Defensa abone al grupo público de astilleros las cantidades acordadas según reciba los buques encargados. Y, dada la situación de asfixia financiera por la que atraviesa el departamento que ahora dirige Pedro Morenés, no está claro cómo ni cuándo Navantia podrá cobrar.
De hecho, resulta significativa la cifra de deudores comerciales que tiene pendientes de cobrar la SEPI que, a 30 de junio del año pasado, ascendían a 1.395,6 millones, en buena parte por los pagos que no ha materializado Defensa.
Por el otro lado, aparte de la deuda a largo plazo, la SEPI tiene pendientes otros 1.630,5 millones de euros que debe a corto plazo a acreedores comerciales.
En los dos últimos ejercicios, el holding ha hecho un esfuerzo por adelgazar su estructura, lo que se ha traducido en la desaparición de casi quince sociedades (algunas liquidadas y disueltas definitivamente, como Astilleros Españoles; otras integradas en sociedades más amplias, como Infoinvest) y en un ajuste de la plantilla media del grupo gracias a las bajas en la minera Hunosa y al recorte de contratos en Tragsa, empresa en la que más de la mitad de la plantilla (15.405 personas a mediados del año pasado) es eventual.
Pese a todo, las pérdidas de explotación que registró el grupo en 2010 fueron de 143 millones de euros. A 30 de junio de 2011 eran de 5,63 millones.
Posibles desinversiones en cotizadas por 928 millones
Las posibilidades de hacer caja que tiene la SEPI son, en principio, más bien limitadas. Ya no hay grandes joyas de la corona, como sucedía en las etapas en las que era posible privatizar empresas como Endesa, Telefónica o Iberia.Las sociedades que ahora forman parte de la órbita del holding estatal no tienen ni el atractivo y ni el potencial de los antiguos monopolios públicos y, en buena parte de los casos, solo tienen garantizada su existencia bajo el paraguas del Estado. Así sucede, por ejemplo, con la minera Hunosa, en un sector en retirada y con unas pérdidas crónicas que en 2010 rondaron los 110 millones de euros. O Navantia, que también suma varios ejercicios en números rojos y cuyo carácter estratégico para la Armada hace que su privatización sea casi impensable.
Otra participación estratégica es la del 5,47% que el grupo mantiene en el consorcio aeroespacial europeo EADS. Si España quiere que su industria aeronáutica mantenga la carga de trabajo que generan el grupo europeo y sus filiales, tiene que seguir en el accionariado de la compañía. Un accionariado en el que, por ahora, no están dispuestos a entrar inversores privados españoles. El Gobierno del PSOE los ha buscado en los últimos años y no los ha encontrado.
De momento, donde la SEPI cuenta con todos los permisos pertinentes para vender es en IAG (el consorcio surgido de la fusión de Iberia y British Airways), en Ebro Foods y en Red Eléctrica. A los precios a los que la Bolsa cerró ayer, la colocación de estas participaciones le reportaría a la SEPI unos 928,4 millones de euros.
Así, el 2,71% que mantiene en la antigua Iberia vale 92,65 millones (la acción cerró a 1,84 euros). Por su parte, el 8,65% de Ebro Foods se pagaría a unos 374,76 millones (cotiza a 14,78 euros) y un 10% de Red Eléctrica, a 461,38 millones (a 34,65 euros por acción).
El BNG insta a la Comisión Europea a garantizar medidas de futuro para el naval gallego
La fragata F-105 Cristóbal Colón, atracada en Navantia Ferrol, | Navantia- Alertan del incremento de desempleados desde la llegada del PP a la Xunta
- Piden al comisario de Competencia una reunión para hablar de los astilleros
- Navantia inicia las pruebas de mar de la última fragata de la serie F-100
- Izquierda Unida también se interesa por el dique flotante en la Cámara Baja
La defensa del sector naval marcará la actividad parlamentaria más inmediata del BNG. El diputado Francisco Jorquera, la eurodiputada Ana Miranda y el parlamentario autonómico Fernando Branco Parga han avanzado este viernes en Ferrol la presentación de iniciativas relativas a la falta de carga de trabajo en la urbe naval y al futuro de los astilleros del sur de Galicia.
Branco Parga ha asegurado que Ferrolterra cuenta con 3.000 personas más en paro desde la llegada del PP a la Xunta y que, en los dos últimos años, ha perdido 1.300 habitantes en una "sangría humana terrible" que es consecuencia, a su juicio, de su "profunda y prolongada crisis económica".
Una pérdida de población que viene provocada por la "falta de posibilidades para trabajar en la comarca" y que puede acentuarse por el anuncio de "suprimir ayudas para infraestructuras del Plan del Carbón" y por un recorte en las del Plan Ferrol, pese a insistir en que este proyecto es un "fracaso" y un "fiasco".
De hecho, Branco Parga ha matizado que el Plan Ferrol, que desde este viernes tiene en el secretario comarcal de CCOO al nuevo presidente de turno de su asociación impulsora, no ha servido hasta ahora "para desarrollar la comarca". Así, destaca la necesidad de un proyecto "urgente" para dotar a la zona de carga de trabajo "y futuro", con "iniciativas en todos los ámbitos".
Rueda de prensa del BNG, con Ana Miranda y Francisco Jorquera. | R. S.
Tilda de "incongruencia" el posicionamiento de la Comisión Europea en torno a las restricciones de actividad en la antigua Astano, por mantener "este injusto veto" pese a su apoyo "al transporte marítimo".
El veto lo define como "ilegal y discriminatorio", máxime ante la actual coyuntura de crisis económica. A su entender, "afecta a toda la industria auxiliar y de servicios de la comarca", como cree que evidencian las actuales tasas de desempleo en la zona.
Considera Ana Miranda que este encuentro servirá para que Almunia tenga "conocimiento directo" de la "situación de impacto socioeconómico". De modo paralelo, presentará iniciativas sobre esta misma temática el próximo lunes.
La eurodiputada ha advertido de que "no puede negarse" a mantener dicha junta, ya que "podría ser denunciado" de acuerdo con la nueva legislación comunitaria. Además, afirma que "si recibió a la industria vasca, también a la gallega".
A juicio de Jorquera, el dique se convierte en una pieza indispensable para la "conservación, mantenimiento y transformación de buques". Ante el incumplimiento de lo acordado en la pasada legislatura, los nacionalistas insisten en estas peticiones con una nueva proposición no de ley.
El parlamentario ferrolano ha insistido en que el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, "presumió de que tenía informes que demostraban la viabilidad del dique". Tal y como ha subrayado, los astilleros de la bahía de Cádiz ya cuentan con "instalaciones adecuadas" para esta especialidad.
Según el congresista, "quien las necesita es Ferrol", por lo que ha instado al nuevo Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a que "demuestre si está dispuesto a aplicar todos los puntos" acordados. En concreto, ha requerido una "respuesta clara y taxativa" para paliar la "falta de carga de trabajo".
Con anterioridad, el grupo naval aspira a completar las pruebas de integración de los subsistemas del área de Combate del buque, cuyas pruebas de mar tendrán lugar en mayo. Tal y como indica la compañía, la construcción de la F-105 se encuentra en la fase final de terminación de su armamento y pruebas, de cara a su previsible entrega definitiva a la Armada el próximo mes de julio.
La F-105, según Navantia, es una unidad optimizada "para actuar como buque de mando y control en un escenario de conflicto, capaz de operar integrado en una flota aliada y de proporcionar cobertura a fuerzas expedicionarias". También está preparada "para operar tanto en zonas costeras como en alta mar de una forma flexible, según las demandas de cada situación de conflicto".
Según informa la coalición de izquierdas, su coordinador general, Cayo Lara, ha registrado una iniciativa en la Cámara Baja, en la que "asume el carácter de imprescindible de la inversión del dique flotante para este próximo presupuesto, dada la actual y progresiva asfixia de la carga de trabajo de los astilleros públicos de Ferrolterra, con su correlato de despidos e incertidumbres".
La formación política también pregunta por el "futuro de la construcción civil pública en Fene", inquiriendo al Ejecutivo por las acciones que va a llevar adelante para conseguir el levantamiento del veto decretado por la UE".
Branco Parga ha asegurado que Ferrolterra cuenta con 3.000 personas más en paro desde la llegada del PP a la Xunta y que, en los dos últimos años, ha perdido 1.300 habitantes en una "sangría humana terrible" que es consecuencia, a su juicio, de su "profunda y prolongada crisis económica".
Una pérdida de población que viene provocada por la "falta de posibilidades para trabajar en la comarca" y que puede acentuarse por el anuncio de "suprimir ayudas para infraestructuras del Plan del Carbón" y por un recorte en las del Plan Ferrol, pese a insistir en que este proyecto es un "fracaso" y un "fiasco".
De hecho, Branco Parga ha matizado que el Plan Ferrol, que desde este viernes tiene en el secretario comarcal de CCOO al nuevo presidente de turno de su asociación impulsora, no ha servido hasta ahora "para desarrollar la comarca". Así, destaca la necesidad de un proyecto "urgente" para dotar a la zona de carga de trabajo "y futuro", con "iniciativas en todos los ámbitos".
Rueda de prensa del BNG, con Ana Miranda y Francisco Jorquera. | R. S.Estreno europeo
La eurodiputada del BNG Ana Miranda ha avanzado en Ferrol que la formación frentista reclamará para el naval español "un trato igual al que se ofrece a otras industrias europeas, como la alemana o la polaca".Tilda de "incongruencia" el posicionamiento de la Comisión Europea en torno a las restricciones de actividad en la antigua Astano, por mantener "este injusto veto" pese a su apoyo "al transporte marítimo".
El veto lo define como "ilegal y discriminatorio", máxime ante la actual coyuntura de crisis económica. A su entender, "afecta a toda la industria auxiliar y de servicios de la comarca", como cree que evidencian las actuales tasas de desempleo en la zona.
Carta a Joaquín Almunia
Para desbloquear todas estas reivindicaciones, el BNG regresa a la cámara europea solicitando, por carta, una entrevista del comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, con representantes del sector el próximo mes de marzo. Sobre la mesa, dos grandes temas: el levantamiento del veto de Navantia Fene y las alternativas de futuro al sistema del tax lease.Considera Ana Miranda que este encuentro servirá para que Almunia tenga "conocimiento directo" de la "situación de impacto socioeconómico". De modo paralelo, presentará iniciativas sobre esta misma temática el próximo lunes.
La eurodiputada ha advertido de que "no puede negarse" a mantener dicha junta, ya que "podría ser denunciado" de acuerdo con la nueva legislación comunitaria. Además, afirma que "si recibió a la industria vasca, también a la gallega".
En el Congreso
El diputado del BNG, Francisco Jorquera, ha recordado que en 2011 su formación propició un acuerdo unánime en la Cámara Baja, con el que se reclamaba al Gobierno la construcción del dique flotante en la ría de Ferrol o la renegociación del veto que pesa sobre la planta pública de Fene.A juicio de Jorquera, el dique se convierte en una pieza indispensable para la "conservación, mantenimiento y transformación de buques". Ante el incumplimiento de lo acordado en la pasada legislatura, los nacionalistas insisten en estas peticiones con una nueva proposición no de ley.
El parlamentario ferrolano ha insistido en que el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, "presumió de que tenía informes que demostraban la viabilidad del dique". Tal y como ha subrayado, los astilleros de la bahía de Cádiz ya cuentan con "instalaciones adecuadas" para esta especialidad.
Según el congresista, "quien las necesita es Ferrol", por lo que ha instado al nuevo Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a que "demuestre si está dispuesto a aplicar todos los puntos" acordados. En concreto, ha requerido una "respuesta clara y taxativa" para paliar la "falta de carga de trabajo".
Fragatas F-100
Por otra parte, Navantia ha confirmado que la fragata F-105 'Cristóbal Colón', en construcción en los astilleros de la ría de Ferrol, realizó este pasado lunes la maniobra de salida de las plantas públicas, tras el acondicionamiento para las pruebas de mar de los sistemas de plataforma, previstas para marzo próximo.Con anterioridad, el grupo naval aspira a completar las pruebas de integración de los subsistemas del área de Combate del buque, cuyas pruebas de mar tendrán lugar en mayo. Tal y como indica la compañía, la construcción de la F-105 se encuentra en la fase final de terminación de su armamento y pruebas, de cara a su previsible entrega definitiva a la Armada el próximo mes de julio.
La F-105, según Navantia, es una unidad optimizada "para actuar como buque de mando y control en un escenario de conflicto, capaz de operar integrado en una flota aliada y de proporcionar cobertura a fuerzas expedicionarias". También está preparada "para operar tanto en zonas costeras como en alta mar de una forma flexible, según las demandas de cada situación de conflicto".
Izquierda Unida
Por otra parte, Izquierda Unida también se ha interesado en el Congreso de los Diputados por la posibilidad de que los astilleros públicos de la ría de Ferrol se doten "de los mecanismos productivos y legales necesarios para favorecer su futuro, que es tanto como el del empleo y la cohesión social en nuestro territorio".Según informa la coalición de izquierdas, su coordinador general, Cayo Lara, ha registrado una iniciativa en la Cámara Baja, en la que "asume el carácter de imprescindible de la inversión del dique flotante para este próximo presupuesto, dada la actual y progresiva asfixia de la carga de trabajo de los astilleros públicos de Ferrolterra, con su correlato de despidos e incertidumbres".
La formación política también pregunta por el "futuro de la construcción civil pública en Fene", inquiriendo al Ejecutivo por las acciones que va a llevar adelante para conseguir el levantamiento del veto decretado por la UE".
El BNG entrega al ministro de Industria sus iniciativas sobre el Tax Lease y la viabilidad de Vulcano
EUROPA PRESS
La diputada del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, ha entregado al ministro de Economía, José Manuel Soria, las iniciativas del BNG para agilizar los procesos del Tax Lease y la viabilidad de Vulcano dada la "grave situación" que atraviesa el sector naval de la Ría de Vigo y la "necesidad de soluciones urgentes" para paliar las "negativas consecuencias".
En un comunicado, la diputada nacionalista ha recordado que a finales del mes de noviembre se dijo que la solución "estaría encauzada", y que se podría basar en el modelo de Tax Lease existente en Francia.
Frente a esto, Davila ha considerado necesario "terminar con esta situación de incertidumbre", ya que, como ha apuntado, la situación del sector naval en Galicia "no puede ser más grave" debido a la "imposibilidad que tienen los astilleros de llevar a cabo nuevas contrataciones".
Asimismo, ha recordado el anuncio que hizo la Xunta en el Parlamento de Galicia de que "plantearía al nuevo Gobierno la necesidad de buscar un sistema de bonificaciones fiscales para el naval alternativo al tax lease".
Vulcano
Respecto a Vulcado, la diputada nacionalista ha instado al Ejecutivo central adoptar medidas que garanticen los mecanismos económicos para al sociedad Pymar que permitan el presupuesto necesario para evaluar y asegurar la financiación que necesitan los astilleros.
A este respecto, ha recordado el futuro de Vulcano "depende de la decisión de Pymar de adherirse al Convenio de Acreedores cuyo plazo termina el próximo día 13 de febrero".
"El papel que Pymar desarrolló en el sector naval desde su creación sigue siendo imprescindible y ha señalado que se trata de una sociedad constituida por el propio sector y también participada por el Ministerio de Industria y por las Comunidades Autónomas", ha subrayado Davila.
Por último, ha incidido en la "importancia" de que el Gobierno central tome las decisiones "necesarias" para hacer frente al "difícil momento por el que atraviesa el sector naval, y busque soluciones que permitan a los astilleros acceder al financiamiento necesario para continuar con su actividad".
La diputada del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, ha entregado al ministro de Economía, José Manuel Soria, las iniciativas del BNG para agilizar los procesos del Tax Lease y la viabilidad de Vulcano dada la "grave situación" que atraviesa el sector naval de la Ría de Vigo y la "necesidad de soluciones urgentes" para paliar las "negativas consecuencias".
En un comunicado, la diputada nacionalista ha recordado que a finales del mes de noviembre se dijo que la solución "estaría encauzada", y que se podría basar en el modelo de Tax Lease existente en Francia.
Frente a esto, Davila ha considerado necesario "terminar con esta situación de incertidumbre", ya que, como ha apuntado, la situación del sector naval en Galicia "no puede ser más grave" debido a la "imposibilidad que tienen los astilleros de llevar a cabo nuevas contrataciones".
Asimismo, ha recordado el anuncio que hizo la Xunta en el Parlamento de Galicia de que "plantearía al nuevo Gobierno la necesidad de buscar un sistema de bonificaciones fiscales para el naval alternativo al tax lease".
Vulcano
Respecto a Vulcado, la diputada nacionalista ha instado al Ejecutivo central adoptar medidas que garanticen los mecanismos económicos para al sociedad Pymar que permitan el presupuesto necesario para evaluar y asegurar la financiación que necesitan los astilleros.
A este respecto, ha recordado el futuro de Vulcano "depende de la decisión de Pymar de adherirse al Convenio de Acreedores cuyo plazo termina el próximo día 13 de febrero".
"El papel que Pymar desarrolló en el sector naval desde su creación sigue siendo imprescindible y ha señalado que se trata de una sociedad constituida por el propio sector y también participada por el Ministerio de Industria y por las Comunidades Autónomas", ha subrayado Davila.
Por último, ha incidido en la "importancia" de que el Gobierno central tome las decisiones "necesarias" para hacer frente al "difícil momento por el que atraviesa el sector naval, y busque soluciones que permitan a los astilleros acceder al financiamiento necesario para continuar con su actividad".