Los astilleros neerlandeses, promotores de la denuncia contra el "tax lease" en 2009, recurren en la Corte Europea de Justicia el nuevo sistema de arrendamiento financiero del naval español
j. carneiro | vigo 30.06.2013 | 10:36
Edificio Willemswerf, en Rotterdam, que alberga la sede de la Holland Shipbuilding Association. // Swz Maritime
Holanda está dispuesta a todo para borrar del mapa a la industria naval española. Cuando se cumplen dos años de la suspensión del tax lease por parte de Bruselas, los astilleros holandeses, promotores de la denuncia contra España en 2009, han recurrido ante la Corte Europea de Justicia el nuevo sistema de arrendamiento financiero español aprobado por la Comisión Europea (CE) el pasado noviembre. El lobby naval holandés, el más potente del sector en Europa junto con el alemán, considera que hay muchas semejanzas entre el nuevo régimen español y el anterior, del que la Dirección General de la Competencia de la CE ya se ha pronunciado en contra, por lo que denuncia que sigue siendo una ayuda estatal.
El recurso holandés fue interpuesto el pasado 8 de marzo por la organización Scheepsbouw Nederland, que agrupa a las patronales Netherlands' Shipbuilding Industry Association (VNSI) y Holland Marine Equipment Association. La entidad, a través de sus abogados, solicitó al Tribunal General de la UE que anule la decisión de la CE de aprobar el nuevo sistema español de amortización anticipada de determinados activos adquiridos mediante arrendamiento financiero, del que se podrán beneficiar tanto los astilleros como otros fabricantes (el nuevo tax lease es genérico, no exclusivo del naval, como el anterior). Fuentes del sector explicaron a FARO que el recurso es una respuesta directa del lobby holandés a la decisión de los astilleros españoles de denunciar a finales del año pasado ante Competencia las ayudas públicas neerlandesas a la construcción naval. Esta demanda fue presentada el pasado diciembre a través del Clúster Naval Gallego (Aclunaga) y el Foro Marítimo Vasco.
El nuevo tax lease español fue aprobado por Bruselas año y medio después de que la Comisión suspendiese el anterior régimen fiscal, ante las sospechas de que pudiesen ser ayudas de estado ilegales. El nuevo régimen permite deducir fiscalmente el coste de determinados activos adquiridos mediante arrendamientos financieros desde el inicio de su construcción, sin esperar a que sean explotados comercialmente. Y complementa la posibilidad, que ya tenían las empresas españolas, de acelerar la deducción de este coste en función de los pagos efectuados en el marco de un contrato de arrendamiento financiero. Bruselas concluyó que este régimen "no implica ninguna ayuda estatal con arreglo a las normas europeas, ya que no favorece a ciertas empresas frente a otras". Pero Holanda no lo cree así.
Fuentes del sector aseguran que esta "guerra comercial" entre países acabará por debilitar al conjunto de la industria naval europea, en beneficio de los constructores asiáticos, sobre todo de China y Corea del Sur. Pero lo cierto es que hasta el momento, al naval holandés el parón español por la denuncia del tax lease le ha venido muy bien. Las factorías navales neerlandesas acumulaban al cierre de 2012 una cartera de pedidos de 129 buques --más del doble que la de los astilleros españoles-- valorada en 2.000 millones de euros. Holanda contrató solo durante ese año 61 buques, frente a los 39 de España. Además, Holanda entregó en 2012 un total de 95 barcos, con un valor superior a los mil millones de euros, y se mantienen en cartera otras 129 embarcaciones que suman 593.893 toneladas brutas compensadas (CGT). Las atarazanas españolas, por su parte, mantenían al cierre del año pasado 57 buques (313.426 CGT) en cartera, según los datos oficiales que recoge la Gerencia del Sector Naval (organismo que será suprimido por el Ministerio de Industria).
Llegado este punto (el naval holandés también está siendo investigado por Competencia a raíz de la denuncia española), fuentes del sector consideran que la CE debería hacer un esfuerzo para armonizar las ayudas a la construcción naval en el conjunto de la UE. "Se está utilizando a los servicios de la Dirección General de Competencia como arma en una guerra comercial entre países, y corremos el riesgo de desaparecer todos", apuntan las mismas fuentes. Éstas ponen como ejemplo de esa armonización el sector de la producción audiovisual, en el que existen unas pautas y límites comunes para todos los países, que mantiene al mismo tiempo su independencia. Esas "líneas rojas comunes" también se podrían aplicar al sector naval.
