Vista de las grúas del astillero de Ferrol, en el que ahora únicamente se construye el flotel para Pemex j. Meis
El presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, recurrió a la imagen de unas “nubes negras” para describir en octubre de 2013, durante una comparecencia en el Congreso, el horizonte de la compañía pública Navantia. Para revertir la situación de la “joya de la corona” del holding público, como él mismo la ha denominado en varias ocasiones, trazó una hoja de ruta con tres puntos: inyección económica, pacto social y plan industrial. Nueve meses después puede afirmarse que ninguna de las tres recetas se ha aplicado, al menos no como se planeaba.
Y el pacto social tampoco prosperó. Llegó a firmarse un preacuerdo de convenio colectivo cuya vigencia terminaría en diciembre de este año, pero el documento contó con un rotundo rechazo de los trabajadores de Ferrol y Fene. En principio no se llegó a ratificar porque estaba pendiente –y al parecer sigue estándolo casi un año después– el visto bueno de una comisión ministerial, pero en este lapso ha terminado por imponerse la posición de la ría y CCOO, el sindicato que ostenta la mayoría en el grupo público, ha situado al ferrolano José Matesanz al frente de su secretaría del Sector Naval Público con la misión de recuperar la unidad y reiniciar la negociación del convenio.
un año de consulta
Por otra parte, se cumple un año desde que el Gobierno español formuló a la Comisión Europea la consulta sobre si Navantia puede construir un dique flotante para mejorar las infraestructuras del área de reparaciones en la ría de Ferrol. Y ha transcurrido un año y seis meses desde que Ramón Aguirre vino a la ciudad para prometer aquellas comisiones técnicas que, según dijo, antes de que terminase el verano de 2013 habrían de resolver la viabilidad económica y legal de ese proyecto.
Ni pacto social, ni plan industrial, ni inyección de fondos. No se ha aplicado ninguna de las tres recetas de AguirreFalló la previsión de que sería necesaria la inyección económica, y esto puede contarse como nota positiva. Poco después de que Aguirre advirtiese de que Navantia incurriría pronto en un desequilibrio patrimonial –cuando las pérdidas reducen el haber por debajo de los dos tercios del capital social– que haría imprescindible la inyección económica, la compañía pública ingresó 195 millones de una factura pendiente del Ministerio de Defensa. Se despejaron así las dudas sobre la capacidad de Navantia para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo, aunque poco más se sabe de los números de la empresa casi cuatro meses después de la aprobación de las cuentas de 2013. No se ha publicado información sobre el balance de Navantia ni tampoco se conoce el informe anual de la SEPI más allá de una nota de prensa en la que el holding público señala que obtuvo 500 millones de beneficio y que la empresa de construcción naval realizó una “gran apuesta comercial”.
La negociación del convenio colectivo parece haber vuelto al punto de partidaSe quedó en un cajón el plan industrial. Los alcaldes del PP en la comarca, con José Manuel Rey Varela a la cabeza, se plantaron el 28 de noviembre a las puertas de la SEPI para frenar un programa estratégico que se centraba en la reducción de costes y, según lo que trascendió en aquellas fechas, no tocaba el empleo ni los centros productivos. La parte social sigue demandando que se concrete un plan y se definan los mercados y la especialización de los centros después de meses en los que se ha vuelto a poner en evidencia cierta improvisación en decisiones como la inclusión y la exclusión del astillero de Fene de la obra del flotel. Desde los comités de empresa se ha denunciado también que aquel plan industrial que no llegó a aprobarse se está aplicando, por la vía de los hechos consumados, a través de una nueva política de subcontratación que apuesta por las ofertas más baratas pasando por encima de convenios firmados en materia laboral.
Y el pacto social tampoco prosperó. Llegó a firmarse un preacuerdo de convenio colectivo cuya vigencia terminaría en diciembre de este año, pero el documento contó con un rotundo rechazo de los trabajadores de Ferrol y Fene. En principio no se llegó a ratificar porque estaba pendiente –y al parecer sigue estándolo casi un año después– el visto bueno de una comisión ministerial, pero en este lapso ha terminado por imponerse la posición de la ría y CCOO, el sindicato que ostenta la mayoría en el grupo público, ha situado al ferrolano José Matesanz al frente de su secretaría del Sector Naval Público con la misión de recuperar la unidad y reiniciar la negociación del convenio.
Ha pasado un año desde que el Gobierno presentó la consulta del diqueAunque no figuraba en aquella prescripción de Ramón Aguirre para la recuperación de Navantia, tampoco se han cumplido los planes de Navantia en cuanto a la carga de trabajo. El contrato del flotel de Pemex es el único que consiguió cerrarse, más de un año después de su anuncio, pero se perdieron los cuatro buques metaneros de Gas Natural que se dibujaban como una apuesta segura a finales del pasado año. Se ha logrado, aunque todavía no se ha firmado, el encargo del diseño para un LHD que se construirá en Turquía y está en el aire la ejecución de 29 jackets para el parque eólico marino de Wikinger, que promueve Iberdrola.
un año de consulta
Por otra parte, se cumple un año desde que el Gobierno español formuló a la Comisión Europea la consulta sobre si Navantia puede construir un dique flotante para mejorar las infraestructuras del área de reparaciones en la ría de Ferrol. Y ha transcurrido un año y seis meses desde que Ramón Aguirre vino a la ciudad para prometer aquellas comisiones técnicas que, según dijo, antes de que terminase el verano de 2013 habrían de resolver la viabilidad económica y legal de ese proyecto.
