El sindicato insta al sector a "presionar" para que "decisión política" tenga el menor impacto posible en el naval
europa press 29.05.2013 | 15:39 La dirección general de Competencia de la Comisión Europea (CE) ha confirmado a la CIG que habrá que devolver parte de las bonificaciones que se aplicaron con el sistema 'tax lease' en la construcción naval, las consideradas como ayudas de Estado y, por tanto, incompatibles con la normativa europea. Asimismo, será el Gobierno español el que tenga que concretar a "cuánto" ascienden esas cantidades y "quién lo asume", si los astilleros, las armadoras, los estructuradores financieros o el propio Estado.Así se lo han trasladado los responsables de la dirección a los representantes de la CIG, en una reunión celebrada en Bruselas en las últimas horas, en la que han confirmado que una parte de las bonificaciones "se tienen que recuperar", según ha señalado el secretario nacional del Metal de la CIG, Xoan Bouzas.
Bouzas también ha apuntado que las autoridades europeas tienen, en este momento, toda la documentación precisa para resolver la parte técnica del expediente, una resolución que llegará "antes del verano". No obstante, ha precisado que, hasta ahora, los informes remitidos por el Gobierno español y por Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión) eran "jurídicamente poco sólidos".
En cualquier caso, la decisión final sobre el expediente del tax lease será "política", como ha señalado el secretario comarcal del Metal, Manuel Simón, quien ha subrayado que debe ser el Estado español el que determine en qué períodos se aplicaron las ayudas ilegales, en qué cantidades y qué agentes deben devolverlos. Aunque la CIG cree, por lo que se habló en la reunión, que los astilleros quedarían al margen de esa devolución, ha advertido de que "ahora todos deben presionar" para que el impacto sea el menor posible, porque la "incertidumbre" impediría que los inversores vuelvan a contratar en la ría de Vigo.
Impaco socieconómico
Los portavoces de la CIG han señalado que trasladaron a la Dirección General de la Competencia un informe, que volverán a remitir más completo a Bruselas, sobre el impacto socioeconómico de la crisis del naval en la comarca de Vigo, y han advertido de que, si la UE obliga a devolver todas las ayudas, serían "cientos de millones".
Asimismo, han lamentado la falta de "diligencia" de los Gobiernos centrales, antes del PSOE y ahora del PP, para poner sobre la mesa una alternativa, y han recordado el ejemplo de Francia que, con el tax lease suspendido, logró aprobar un sistema alternativo en tres semanas y evitó la parálisis de la industria naval, que ahora afecta al sector en España.
"Han estado dos años dándole vueltas a este asunto, con informaciones contradictorias y pérdida de tiempo", ha lamentado el responsable del naval de la CIG en la comarca de Vigo, César Rodríguez, quien ha apuntado que la UE recibió los últimos informes de España "en las últimas semanas".
