El Colegio de Comisarios decide el 17 de julio si aprueba o rechaza la propuesta de Almunia, que decreta la "incompatibilidad" del viejo "tax lease" y obliga a devolver las ayudas - El fallo se toma por mayoría simple
lara graña | vigo 30.06.2013 | 10:36"Bruselas somos todos", dijo el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, el pasado jueves en Madrid. Personalizó el aforismo y distribuyó el poder de la Comisión entre nada menos que 500 millones de ciudadanos europeos. Lo cierto es que el día 17 de julio serán 27 personas, los Veintisiete, quienes decidan sobre el futuro de toda una industria y de 87.000 familias en Galicia, Asturias o País Vasco. Toca a 3.222 trabajadores por cabeza. El Colegio de Comisarios se pronunciará sobre la propuesta de Competencia que no solo declara "incompatible" el tax lease, sino que reclama las ayudas derivadas de este sistema de bonificación fiscal que utilizaron los astilleros hasta junio de 2011. Un golpe mortal al sector naval español, una multa retroactiva de 2.800 millones de euros (de los que 1.800 serán imputables a Galicia).
¿Quiénes son, a quién corresponde decidir la supervivencia o la "desaparición de la construcción naval privada en España", como claman los astilleros? El Colegio de Comisarios está formado por 27 personas, una por cada país de la Unión Europea, y se reúnen de forma ordinaria cada miércoles en Bruselas. "En las reuniones semanales, cualquier Comisario puede solicitar que se pase a votación", explica el organismo en su página web. Almunia llevará el día 17 su propuesta que, según explicó a FARO, ya está "siendo debatida internamente" pero cuyo borrador ya han podido consultar en el sector.
Mayoría conservadora
Este órgano está presidido por el portugués José Manuel Durão Barroso y cuenta con siete vicepresidentes. Uno de ellos es el vasco Joaquín Almunia. De los 27 integrantes, 20 son conservadores, bien miembros del Partido Popular Europeo (PPE) o liberales. Apenas seis están en filas del Partido Socialista, y uno de los integrantes es independiente (el rumano Dacian Ciolos, aunque fue nombrado a propuesta del PPE).
Las decisiones se toman por mayoría simple, de modo que con 14 votos en contra el Colegio de Comisarios podría tumbar la propuesta de Joaquín Almunia. En caso de empate la responsabilidad recaería sobre el presidente Barroso, que tiene voto de calidad. En todo caso la presencia de países sin vínculo alguno con la construcción naval y eventuales acuerdos políticos con la competencia española (Holanda, por ejemplo) puede hacer caer en saco roto los argumentos jurídicos que España expone para rechazar la retroactividad de las ayudas derivadas del tax lease.
De los siete vicepresidentes se presupone que Almunia defenderá su propia propuesta, aunque vaya a provocar la destrucción de la industria naval privada. El resto, a excepción del italiano Antonio Tajani (que apuesta por buscar una "solución positiva" para España, o no tienen vínculo con el sector o defenderán el suyo propio. La vicepresidenta y comisaria Neelie Kroes es holandesa (y liberal), y entre los vicepresidentes hay una inglesa (Catherine Ashton), una luxemburguesa (Viviane Reding) y un liberal estonio (Siim Kallas). Otro liberal (alérgicos a todo cuanto se asemeje a una ayuda de Estado) es el finlandés Olli Rehn, responsable de la cartera de Asuntos Económicos. En los departamentos que tendrían, a priori, más peso en esta decisión, solo el húngaro (comisario de Empleo) László Andor es socialista. En Energía, Política Regional o Comercio sus responsables son de Alemania (Günther Oettinger), Austria (Johannes Hahn) y Bélgica (Karel De Gutch, también liberal).
La composición del Colegio, el peso específico de Competencia y la presión de otros países como el neerlandés dificultan, a priori, una buena resolución para España. Fuentes de la industria insisten en defender que actuaron bajo la convicción de que el sistema era válido. La Dirección General de Tributos, sin ir más lejos, firmó cada una de las 273 operaciones que se financiaron con el viejo tax lease. Pero, sobre todo, utilizan el ejemplo francés para reclamar que no se obligue a la devolución de las ayudas. Los galos no tuvieron que pagar nada. Que el 17 de julio sea el día de los 27 del patíbulo es lo que el sector tratará de impedir hasta el último momento. Si los comisarios noquean por KO a los astilleros españoles el Gobierno podrá reclamar ante la Corte Europea de Jusitica y pedir medidas cautelares. Pero eso no disipará, a la vista de las circunstancias, el miedo a contratar barcos en España.
