| Actualizado 22 Marzo 2013 - 05:42 h.
El presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, compareció ayer “por sorpresa” en el Congreso para explicar la situación de Navantia y anunciar un Plan de Competitividad y Viabilidad “para evitar entrar en esta situación crítica provocada por la subactividad ante la falta de pedidos y de carga de trabajo durante los últimos siete años”.
El plan contempla medidas relacionadas con el organigrama de la empresa, el refuerzo de la unidad comercial –ya se ha triplicado el número de efectivos–, la apertura de nuevas oficinas comerciales en el exterior (6) y un plan de ahorro “para la gestión de los recursos humanos y la reducción de pérdidas”. Si estas no bajan, dijo Aguirre, habrá que disminuir el capital social de la empresa. Entre las medidas anunciadas por el presidente de la SEPI están también la diversificación de la línea de negocio para superar la elevada dependencia de Defensa y la apuesta por las áreas de sistemas, intensificación de la de reparaciones y recuperación del sector civil. El eólico es otro sector en el que tiene puestas sus miras la compañía pública.
Pero fue la cuestión relacionada con la negociación de un nuevo convenio colectivo la que despertó las alarmas entre los grupos de la oposición. Aguirre señaló que el objetivo será buscar la estabilidad de los puestos de trabajo, pero añadió que ante la situación crítica de Navantia seguramente habrá que realizar ajustes en las retribuciones.
El presidente de la SEPI se refirió también al contrato de Pemex y aseguró que las “tres cláusulas de cumplimiento” de Navantia se han materializado con las cinco visitas del área comercial a ciudad de México y la presentación de los avales técnicos y bancarios “a satisfacción del armador”.
Por lo que respecta al dique flotante, Ramón Aguirre indicó que la consulta “informal” a la Unión Europea se realizó el 27 de noviembre y de esta se deduce que “el incremento de la capacidad resultante de esta inversión sería contrario a las restricciones impuestas a España en 2005”, así como que su financiación sería considerada una ayuda del Estado, que incumpliría, por lo tanto, los términos del veto.
Fue en la reunión del 4 de marzo con alcaldes y sindicatos, dijo, cuando se decidió pasar a la consulta formal a Bruselas. Una vez que se ha decidido plantearla, sin embargo, se trabaja para ampliarla a la cuestión del veto y de ahí que se estén realizando consultas a los Ministerios de Asuntos Exteriores, Industria y Hacienda para iniciar estas actuaciones de cara al levantamiento de las restricciones europeas y ver sus consecuencias. El elevado nivel de desempleo, tanto en Ferrol como en San Fernando, la destrucción de tejido industrial y el incremento de la pobreza serán argumentos que manejará el Gobierno para pedir el fin del veto.
Durante su intervención, el presidente de la SEPI se refirió también a la difícil situación de partida de Navantia que se encontró cuando llegó al holding público e incidió también en que el grupo operaba en el mercado con unos precios un 15% superiores a los de su competidores y hasta un 50% por encima de los de los astilleros asiáticos, por lo que se decidió poner en marcha el plan que ayer explicó en el Congreso.
oposición
La comparecencia de Aguirre había sido solicitada por el BNG, cuya diputada Olaia Fernández Dávila, señaló que la intervención del presidente de la SEPI fue “una justificación de los incumplimientos de los gobiernos de la Xunta y central” y lamentó que después de todo este tiempo se venga a decir que se acaba de dar el paso para iniciar una consulta formal. “Eso para los trabajadores es una tomadura de pelo”, dijo la parlamentaria. Fernández Dávila puso en duda la voluntad del Gobierno de “pelear” ante la UE en defensa del sector naval y apuntó que si se acude a Bruselas con posiciones de debilidad “nunca nos dirán que sí”. Cuestionó también la construcción del dique porque no está contemplado en los presupuestos y añadió que si bien “necesitamos creer” en los contratos de Pemex “siguen estando en una situación oscura y extraña”. Finalmente, pidió que la mejora de la competitividad no pase por la reducción de plantilla o de salarios porque “esa no es la forma”.
El diputado socialista Miguel Cortizo ofreció al presidente de la SEPI la “cooperación leal” de su partido para realizar cualquier gestión encaminada a buscar soluciones para la situación de Navantia. Criticó, sin embargo, que desde el Gobierno se haya dicho que la UE veta el dique y solo cuando Almunia aclaró que no hubo consulta formal lo reconozcan. Pidió asimismo una acción comercial decidida, especialmente en Venezuela, donde consideró que existen más posibilidades de lograr contratos.
Desde el PP, Tristana Moraleja agradeció a Aguirre el “baño de realismo” de su intervención, destacó el incremento de acciones comerciales en esta etapa (60 en más de 30 países) y reclamó el apoyo del Gobierno y de la Casa Real, cuando sea necesario, para que estas fructifiquen. n
El plan contempla medidas relacionadas con el organigrama de la empresa, el refuerzo de la unidad comercial –ya se ha triplicado el número de efectivos–, la apertura de nuevas oficinas comerciales en el exterior (6) y un plan de ahorro “para la gestión de los recursos humanos y la reducción de pérdidas”. Si estas no bajan, dijo Aguirre, habrá que disminuir el capital social de la empresa. Entre las medidas anunciadas por el presidente de la SEPI están también la diversificación de la línea de negocio para superar la elevada dependencia de Defensa y la apuesta por las áreas de sistemas, intensificación de la de reparaciones y recuperación del sector civil. El eólico es otro sector en el que tiene puestas sus miras la compañía pública.
Pero fue la cuestión relacionada con la negociación de un nuevo convenio colectivo la que despertó las alarmas entre los grupos de la oposición. Aguirre señaló que el objetivo será buscar la estabilidad de los puestos de trabajo, pero añadió que ante la situación crítica de Navantia seguramente habrá que realizar ajustes en las retribuciones.
El presidente de la SEPI se refirió también al contrato de Pemex y aseguró que las “tres cláusulas de cumplimiento” de Navantia se han materializado con las cinco visitas del área comercial a ciudad de México y la presentación de los avales técnicos y bancarios “a satisfacción del armador”.
Por lo que respecta al dique flotante, Ramón Aguirre indicó que la consulta “informal” a la Unión Europea se realizó el 27 de noviembre y de esta se deduce que “el incremento de la capacidad resultante de esta inversión sería contrario a las restricciones impuestas a España en 2005”, así como que su financiación sería considerada una ayuda del Estado, que incumpliría, por lo tanto, los términos del veto.
Fue en la reunión del 4 de marzo con alcaldes y sindicatos, dijo, cuando se decidió pasar a la consulta formal a Bruselas. Una vez que se ha decidido plantearla, sin embargo, se trabaja para ampliarla a la cuestión del veto y de ahí que se estén realizando consultas a los Ministerios de Asuntos Exteriores, Industria y Hacienda para iniciar estas actuaciones de cara al levantamiento de las restricciones europeas y ver sus consecuencias. El elevado nivel de desempleo, tanto en Ferrol como en San Fernando, la destrucción de tejido industrial y el incremento de la pobreza serán argumentos que manejará el Gobierno para pedir el fin del veto.
Durante su intervención, el presidente de la SEPI se refirió también a la difícil situación de partida de Navantia que se encontró cuando llegó al holding público e incidió también en que el grupo operaba en el mercado con unos precios un 15% superiores a los de su competidores y hasta un 50% por encima de los de los astilleros asiáticos, por lo que se decidió poner en marcha el plan que ayer explicó en el Congreso.
oposición
La comparecencia de Aguirre había sido solicitada por el BNG, cuya diputada Olaia Fernández Dávila, señaló que la intervención del presidente de la SEPI fue “una justificación de los incumplimientos de los gobiernos de la Xunta y central” y lamentó que después de todo este tiempo se venga a decir que se acaba de dar el paso para iniciar una consulta formal. “Eso para los trabajadores es una tomadura de pelo”, dijo la parlamentaria. Fernández Dávila puso en duda la voluntad del Gobierno de “pelear” ante la UE en defensa del sector naval y apuntó que si se acude a Bruselas con posiciones de debilidad “nunca nos dirán que sí”. Cuestionó también la construcción del dique porque no está contemplado en los presupuestos y añadió que si bien “necesitamos creer” en los contratos de Pemex “siguen estando en una situación oscura y extraña”. Finalmente, pidió que la mejora de la competitividad no pase por la reducción de plantilla o de salarios porque “esa no es la forma”.
El diputado socialista Miguel Cortizo ofreció al presidente de la SEPI la “cooperación leal” de su partido para realizar cualquier gestión encaminada a buscar soluciones para la situación de Navantia. Criticó, sin embargo, que desde el Gobierno se haya dicho que la UE veta el dique y solo cuando Almunia aclaró que no hubo consulta formal lo reconozcan. Pidió asimismo una acción comercial decidida, especialmente en Venezuela, donde consideró que existen más posibilidades de lograr contratos.
Desde el PP, Tristana Moraleja agradeció a Aguirre el “baño de realismo” de su intervención, destacó el incremento de acciones comerciales en esta etapa (60 en más de 30 países) y reclamó el apoyo del Gobierno y de la Casa Real, cuando sea necesario, para que estas fructifiquen. n
