Está claro que en la medida en que se den muestras de fortaleza, coherencia, sensatez y/o seriedad, en esa misma medida a uno le respetan y consideran. Y ese principio, que normalmente se aplica de forma individual a las personas, también se hace extensivo a las representaciones colectivas que hay en la sociedad, llegando incluso, cómo no, a los poderes del ámbito institucional.
Y en ese contexto y concretamente en el sector naval, hay que decir que España, hasta ahora, no transmitió precisamente ni confianza, ni sensatez, ni seriedad, ni coherencia, sino más bien, todo lo contrario. A la UE lo que hasta ahora se le trasladó no fue otra cosa que desconfianza. La suspensión del Tax Lease se dio, fundamentalmente, porque volvimos a errar. Si, y puede que gravemente, ya veremos, porque de eso, todavía queda por decir, por parte de la Comisión, la última palabra.
Lo que parece estar claro es que volvimos a equivocarnos. Por tanto, en estos momentos volvemos a tener a la espada de Damocles de forma amenazante sobre nuestras cabezas, y todo ello, parece ser, que por no respetar las normas establecidas. La verdad, es que si esto se confirma, en este país tendrían que rodar muchas cabezas. Y es que no podríamos comportarnos de forma más insensata e inconsecuente después de la amarga experiencia sufrida con Astano. Una experiencia, recordemos, todavía hoy inconclusa.
¿Y como se llega a esa situación? Pues por tres vías fundamentalmente. En primer lugar, por un comportamiento totalmente anárquico, por nuestra parte, que nos lleva a no respetar las normas y recomendaciones establecidas por parte de la UE. En segundo lugar, por no ser suficientemente ágiles y competentes como para encontrar una respuesta rápida al problema, dando de esta manera, muestras de verdadera incompetencia o de despreocupación. Y en tercer lugar, por despreciar la situación que se estaba dando y no afrontar el problema desde sus inicios, es decir, desde el mismo momento en que la Comisión ( Septiembre del año 2006 ) le solicita información a las autoridades españolas, ante las iniciativas que se estaban llevando al cabo por parte de algunos astilleros ( a nivel individual ) y de asociaciones de astilleros en Europa.
En cuanto a lo primero, porque las exenciones fiscales permitidas por la Comisión estaban encuadradas entre el 18 y el 20 % del valor del buque, y sin embargo en España, a través de su particular Sistema Español de Arrendamiento Fiscal ( SEAF ) ( conocido por el Tax Lease español ) esa desgravación llegaba hasta el 30 %. Y eso es algo confirmado por las autoridades españolas en 273 transacciones de construcción y adquisición de buques a lo largo del periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2002 y el 30 de Junio del 2010. Lo que dio lugar, a que en Mayo del año 2006, dos federaciones nacionales de astilleros y un astillero a nivel individual, presentaran las correspondientes denuncias ante la Comisión. Reclamaciones, que ya en Julio del 2010, habían crecido de tal forma que ya representaban a asociaciones de siete países europeos.
Y sobre el segundo y tercer aspecto, decir que ninguna de las autoridades. Ni las estatales, ni las autonómicas ni las empresariales ni las sindicales, le dieron la importancia ni le prestaron el interés que realmente el asunto requería. Por tanto, lo que hubo fue una flagrante dejación de funciones y responsabilidades por parte de los miembros de las respectivas administraciones y organizaciones empresariales, tanto públicas como privadas. A pesar de ser, y con bastante antelación, perfectamente conocedoras de lo que estaba ocurriendo a nivel europeo con nuestro sistema de contratación naval y por supuesto, de lo que se le podía venir encima al sector. Como así fue.
La Comisión cuando se pone por vez primera en contacto con España es a través de una carta enviada en Septiembre del 2006. Cartas que luego se vuelven a repetir con el mismo objetivo, de recabar información adicional, en Enero y Noviembre del 2007 y en Marzo del 2008. Por lo tanto, parece claro que lo que desde España se transmitió fue insensatez, incompetencia y sobre todo irresponsabilidad. Una irresponsabilidad que luego en el sector lo que hace es traducirse en llanto y desesperación. Pero claro, como fruto de nuestras propias debilidades.
Es cierto que ahora volvemos a estar (se supone que a partir de Enero, una vez que se modifique la ley tributaria en vigor en nuestro país) en condiciones legales de poder competir de nuevo en el mercado, sin embargo y a pesar de ser ésta una buena noticia, lo que no podemos ni debemos de olvidar es que nuestra industria naval tuvo que soportar 17 largos, larguísimos meses de paralización, por la aparente incompetencia de algunos de nuestros políticos y también empresarios del sector.
Ahora y no cerrado nuestro caso todavía, es nuestro sector naval el que da un paso al frente y decide convertirse en denunciante ante la Dirección General de la Competencia, de presuntas ayudas no autorizadas por parte de Holanda y Noruega. Esta denuncia de nuestros astilleros, que está apoyada por PYMAR (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) y que está basada en informes de la Gerencia del Sector Naval, organismo dependiente del Ministerio de Industria, se realiza porque se tiene conocimiento de que Holanda estaba preparando un nuevo recurso para presentar ante la Justicia Europea con el propósito de suspender nuevamente el recientemente autorizado Tax Lease español. Y en ella, se ponen al descubierto presuntas ayudas de los gobiernos de Noruega y Holanda a sus astilleros que podrían considerarse ayudas ilegales por parte de la Competencia.
Pero entonces, si efectivamente se tiene la creencia de que los gobiernos de Noruega y Holanda ayudan ilegalmente a sus astilleros ¿Por qué no se denunció antes? ¿Es que acaso si Holanda no intentase denunciarnos de nuevo, nuestros astilleros continuarían callados a pesar de saber lo que dicen saber? ¿Pero cómo podemos seguir soportando la situación de Astano si de verdad pensamos que otros países están ayudando ilegalmente a sus astilleros? ¿Por qué nunca se atrevió ningún gobierno del Estado a poner encima de la mesa la renegociación del veto de Astano con todo lo que, presuntamente, se sabe que hacen otros países de nuestra misma organización en el mismo sector? Y aquí me remito al inicio, para que a uno le consideren, además de obrar dentro de la legalidad, uno tiene que dar muestras de firmeza. Y eso, en el fondo, no es otra cosa que hacer valer los derechos que cada uno tenga.
