IEN por Europa culpa al anterior Gobierno central de la situación del naval ferrolano

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Diario de Ferrol-2012-02-02-006-3a0ec836
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 IEN por Europa (Iniciativa Empresarial del Noroeste) considera que la crisis del sector público naval gallego “es herencia de una gestión carente de compromisos y sin capacidad de aportar soluciones reales”. El presidente de la asociación empresarial, Manuel Pérez Pérez, pone de relieve en un comunicado que “la actuación del anterior Gobierno estatal fue determinante” para llevar a esta industria “al estado de indefinición en que se encuentra” y que puede desembocar, apunta, en una situación más precaria que la que vivió en plena reconversión.

La falta de contratos, al menos a corto y medio plazo, en el ámbito de la construcción militar, y la imposibilidad de que la antigua Astano acceda al mercado de la construcción naval convencional o a subsectores como el off shore, “sitúan de nuevo a Ferrol ante una crisis cuya salida solo puede ser asumida por la Administración central, como titular de los astilleros públicos, y bajo la perspectiva de una acción comercial y una decisión política que garantice la plena ocupación de las factorías”, señala el presidente de IEN por Europa. Una decisión política que –lamenta Pérez– ha estado ausente por parte del anterior Ejecutivo y cuyos frutos, “lamentablemente, ahora estamos recogiendo”.
Manuel Pérez insiste, tal y como viene reclamando la asociación desde 2004, en que la recuperación de la construcción naval de carácter civil, junto con el acceso a mercados complementarios como el off shore o el eólico, “tiene que formar parte de la salida de la crisis”. Las restricciones europeas, que limitan el acceso a dicho sector para la antigua Astano durante otros tres años, hasta el 31 de diciembre de 2014, han agravado la situación y demuestran que, lejos de que Europa busque la cohesión territorial y un reparto equitativo de la carga de trabajo, “tiene como objetivo restringir la actividad de unos países en beneficio de otros”.

El presidente de IEN por Europa destaca que la caída en la contratación militar se agrava al restringir a una sola –al margen de la de reparaciones– la actividad en los astilleros. La gestión de los últimos ocho años por parte del Gobierno central, considera Pérez, “está a punto de situar a la comarca de Ferrol ante uno, si no el peor, de los peores momentos de su historia”. “La zona no puede soportar un nuevo varapalo que afectará a las plantillas principales de las factorías pero, sobre todo, a entre 3.000 y 4.000 familias que hoy en día dependen de la actividad de las compañías auxiliares”, incide.
Para IEN por Europa, el objetivo de garantizar ocupación juega a favor de retomar ante Bruselas la demanda del fin inmediato del veto que pesa sobre Astano desde hace casi treinta años, desde que en 1984 diese comienzo el proceso de reconversión industrial. “Astano debe tener las manos libres para optar a un mercado en el que el astillero, pese a los años de paralización en el sector, continúa siendo altamente competitivo pero cuyo futuro se ha visto cercenado por la aplicación del acuerdo de 2005 ratificado por los sindicatos mayoritarios y el anterior Gobierno del país en un momento en el que tan solo restaban dos años para la finalización del veto”.

Los firmantes de estos acuerdos, tal y como ha venido reclamando IEN por Europa desde hace años, “deben tomar nota de las consecuencias y obrar en función de estas, que son las que ahora se ven: una absoluta carencia de ocupación agravada además por la imposibilidad de acceder al mercado civil convencional”, destaca Manuel Pérez.
El presidente de IEN por Europa destaca que también el mercado de reparaciones ha sufrido fuertes y significativas caídas en 2011, lo que indica que no es un área capaz por sí sola de paliar la caída en la contratación naval militar, “aunque es indudable que forma parte importante y trascendental del volumen de actividad y negocio de los astilleros ferrolanos”. La acción ante la Comisión Europea en el sentido de demandar el fin del veto “es determinante” y “debe ser asumido por el conjunto de las fuerzas políticas, centrales sindicales, entidades empresariales y la sociedad comarcal en su conjunto”.